Definición de Administración concursal – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
La administración concursal es el proceso legal en el que se nombra a una persona física o jurídica para que asuma la gestión de una empresa en situación de insolvencia con el fin de resolver su situación financiera y proteger los intereses de los acreedores.
En otras palabras, la administración concursal es el órgano que gestiona los litigios que se inician cuando una empresa no puede hacer frente a sus obligaciones financieras. Así, realiza tareas como calificar los préstamos vigentes según la prioridad de pago.
La finalidad de la administración concursal es velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. Depende siempre de la supervisión del juez de comercio.
Funciones de la Administración Concursal
La función de la administración concursal es interferir en la actuación del deudor. Y si este prestatario es suspendido, su suplente estará bajo supervisión.
Alternativamente, el administrador debería poder tomar decisiones en varias etapas de la competencia. Están relacionados con la vida de la empresa, su forma jurídica y la vida contable.
Dada su función, las personas seleccionadas para servir en las autoridades concursales suelen tener conocimientos y experiencia. Esto es principalmente en las áreas de comunicaciones, gestión y contabilidad.
Por lo general, la administración de quiebras generalmente consta de un administrador. Normalmente, esta persona debe ser un abogado o economista con al menos cinco años de experiencia profesional y una formación acreditada en derecho concursal.
En este sentido, no pueden desempeñar estas funciones como administradores individuales sin poder gestionar sociedades de responsabilidad limitada o sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, no podrán ser elegidas las personas vinculadas a un fallido sólo en los últimos tres años, por ejemplo.
El administrador, sin perjuicio de su labor de vigilancia y evaluación, deberá también actuar con diligencia en el ejercicio de dicho cargo. Por lo tanto, deben rendir cuentas de sus decisiones al deudor y/o acreedores. Esto es en caso de daño o pérdida a la empresa, o si no se respeta la ley aplicable.
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