Definición de Principio de plena competencia | Diccionario Economico
El principio de plena competencia se refiere a la idea de que los mercados funcionan de manera más eficiente cuando hay una competencia libre y sin restricciones. Esto implica que no debe haber monopolios ni prácticas anticompetitivas que limiten la entrada de nuevos competidores al mercado. El principio de plena competencia fomenta la eficiencia económica, la innovación y el bienestar del consumidor al asegurar que los precios sean competitivos y que las empresas compitan en igualdad de condiciones.
Es un concepto acordado entre los distintos países de la OCDE. Este principio o forma de regular las transacciones se utiliza no sólo en las transacciones entre particulares, sino también entre diversas instituciones encargadas de la administración y recaudación de impuestos.
Uno de los desafíos para su puesta en práctica es la existencia de empresas transnacionales y transacciones cada vez más complejas. Por tanto, desde el punto de vista fiscal, cada vez se requiere más material documental para determinar el precio de transferencia.
El principio de plena competencia y la comunicación
Si las transacciones se realizan entre empresas que no están conectadas por ninguna relación, lo normal será que el mercado determine el precio. Pero si existe algún grado de conexión entre las empresas involucradas en la transacción, es posible que el mercado no fije los precios.
En caso de que el mercado no fije el precio de la transacción, es necesario analizar el precio del producto o servicio en sí, el margen de venta, la evaluación del riesgo, así como los activos de las empresas y el contenido de los contratos entre ambos. fiestas. Así, se valoran aspectos jurídicos y económicos.
El propósito de estas evaluaciones es determinar si las empresas relacionadas cotizan a los mismos precios que cuando no tienen relación entre sí.
Impuestos
La presencia de diferentes administraciones tributarias complica la aplicación del principio de relaciones de mercado. Así, cada administración tiene derecho a gravar las utilidades obtenidas por los contribuyentes en su jurisdicción.
Asimismo, el sistema tributario ha sido diseñado de tal forma que se limita a la aplicación local, teniendo en cuenta que pueden darse casos de doble imposición.
En este sentido, se pueden utilizar formas de tributación en las que se pague dependiendo del lugar donde se viva, gravando todas las ganancias percibidas, o gravando según el método de obtención de las ganancias.
Para estandarizar la respuesta a estas cuestiones fiscales y establecer precios de transacción estándar, la OCDE ha introducido lo que se conoce como el principio de plena competencia.
Al fijar el mismo precio en las transacciones independientemente de la relación entre las empresas involucradas, las empresas multinacionales son tratadas como empresas independientes y no como una gran corporación.
¿Qué se tiene en cuenta al aplicar el principio de plena competencia?
Uno de los propósitos principales del principio de plena competencia es que tanto los contribuyentes como las distintas autoridades fiscales sepan qué esperar.
Para su implementación es necesario llevar a cabo lo que se denomina “comparabilidad”. Para ello, se evaluarán las circunstancias e impuestos que concurrirán en las transacciones entre sociedades sin vinculación alguna, todo ello a efectos del cómputo de las obligaciones tributarias.
La ventaja del principio de plena competencia es que es mucho más equitativo y justo entre empresas independientes y grupos de empresas. De esta forma, se eliminan las posibles ventajas fiscales que puedan derivarse y que afecten negativamente a la competencia entre empresas.
La complejidad del principio de plena competencia
Un gran problema en la aplicación del principio de plena competencia surge del hecho de que cuando una empresa asociada realiza transacciones, es difícil determinar cuál sería el precio de la transacción si fuera una empresa independiente.
Por ello, el principio de plena competencia entraña en varios casos grandes dificultades administrativas no sólo para Hacienda, sino también para los contribuyentes. Todo ello supondrá la necesidad de que el contribuyente presente documentación y la controle ante las autoridades fiscales, lo que hará que este proceso sea tedioso.
Como parte de su función de supervisión, la Tesorería revisa la documentación presentada y determina si los términos de la transacción son consistentes con lo establecido bajo el principio de plena competencia.
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