Definición de Impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
El impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) es un impuesto que se aplica en España sobre los documentos notariales y otros actos jurídicos que están recogidos en una escritura pública. Se trata de un impuesto indirecto que grava la transmisión de bienes, derechos y obligaciones, así como los préstamos y créditos hipotecarios. El IAJD se calcula en base al valor declarado en la escritura, aplicando un porcentaje determinado según la comunidad autónoma en la que se realice la operación.
Un impuesto sobre los actos jurídicos documentados es un impuesto que afecta a una declaración o manifestación de voluntad que producirá efectos jurídicos y que deberá ser documentada o registrada.
Tipos de Documentos Imponibles por Acciones Jurídicas Documentadas
Existen tres tipos de documentos que están sujetos al impuesto sobre actos jurídicos documentados:
- Notarios: Consta de casos, protocolos y testimonios.
- Administrativo: Documentos que requieran la realización de anotaciones en los Registros del Estado y la restauración y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios.
- comercial: Se compone de letras de cambio y documentos que actúan como letras de cambio.
Tasa de impuesto aplicable para acciones legales documentadas
El tipo impositivo, fijado por actos jurídicos, consta de dos partes: fija y variable. La parte permanente suele ser pequeña, ya que esto se explica por la obligación de certificar los documentos con un sello. En España, el importe parte de 0,15 euros por cada página del documento.
La parte variable se aplica como un porcentaje del valor de la transacción correspondiente. Puede haber grandes variaciones aquí dependiendo de cómo se calcule la cantidad total. Así, por ejemplo, en el caso de una hipoteca, el importe total puede incluir intereses, costas judiciales por impago, gastos, etc.
Quiénes deben declarar y tributar por actos jurídicos documentados
Depende del tipo de documento:
- Notarios: Adquiriente, persona que solicita o interesa en expedir un documento. Cabe señalar que en España, el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo 1505/2018 indicó que en el caso de un contrato de préstamo público con garantía hipotecaria, el impuesto debe ser pagado por el banco. Lo anterior ha dado lugar a una discusión sobre la corrección de esta decisión y las consecuencias económicas para los bancos. El 5 de noviembre de 2018, la Corte Suprema debe cerrar la discusión al decidir quién pagará el impuesto: el cliente o el banco.
- administrativo: La persona que solicita las anotaciones.
- Comercial: En el caso de letras de cambio, es el librador, salvo las emitidas en el extranjero, en las que será el primer tenedor en España. En los giros o sustitutos de letras de cambio, pagarés, bonos, obligaciones y documentos similares emitidos en serie, habrá personas u organismos que los emitan.
Quién recauda impuestos sobre acciones legales documentadas
En el caso de España, las comunidades autónomas son las encargadas de recaudarla, así como de fijar las tasas variables. Esto resultó en una gran discrepancia en las tasas que van del 0,5% al 1,5% del total. A lo que se suman beneficios y excepciones para jóvenes, familias numerosas, discapacitados, etc.
Regulación del impuesto sobre los actos jurídicos documentales
En España, este impuesto está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
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