Dumping social – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

Definición de Dumping social – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico

El dumping social es un concepto que se refiere a prácticas empresariales que buscan reducir costos laborales y sociales en detrimento de los trabajadores y de la sociedad en general. Se caracteriza por ofrecer condiciones laborales y salariales injustas, violaciones a los derechos laborales y evasión de responsabilidades sociales y fiscales. Esto permite a las empresas competir de manera desleal en el mercado, generando desigualdades y perjuicios económicos y sociales.

Esta práctica se denomina «dumping» porque se cree que las empresas que la practican están vendiendo por debajo del costo que realmente tendrían que soportar si sus trabajadores disfrutaran de las condiciones laborales que prevalecen en los países más desarrollados.

El dumping social es un arbitraje regulatorio por el cual las empresas intentan reducir sus costos invirtiendo en países con regulaciones laborales, ambientales y fiscales menos estrictas. De esta forma, las empresas internacionales consiguen grandes ahorros en costes laborales y requisitos normativos.

Razones del dumping social

El dumping social puede entenderse desde un doble punto de vista. Por un lado, se trata de un alto nivel de protección que brindan los países desarrollados a sus trabajadores. Medidas como los salarios mínimos, las provisiones de seguridad laboral o las indemnizaciones por despido, entre otras, generan costos que las empresas intentan evitar o reducir.

Por otro lado, encontramos países en vías de desarrollo donde las leyes laborales están escasamente desarrolladas. En estos países se pueden ofrecer salarios mucho más bajos y las condiciones de trabajo están mucho menos reguladas, por lo que se reducen los costes para las empresas.

Ante estas dos situaciones, las empresas multinacionales pueden decidir trasladar su producción de países desarrollados a países en vías de desarrollo con el fin de reducir costes. Cuando estos ahorros derivados del empeoramiento de la situación laboral se traducen en precios más competitivos, podemos hablar de dumping social.

Puede ocurrir que situaciones que a primera vista parezcan dumping social, en realidad no lo sean. A veces, la disminución de los costos laborales está motivada por el bajo costo de vida en el país en su conjunto, más que por la falta de protección de sus trabajadores. En Camboya, por ejemplo, un salario de $140 para los trabajadores de la confección equivale al salario de un maestro, y existen derechos básicos como el derecho a la huelga. Por lo tanto, los salarios bajos (en comparación con los salarios en los países desarrollados) no significan necesariamente la presencia de dumping social.

Consecuencias del dumping social

Para los países desarrollados, el principal efecto del dumping social es la pérdida de inversión empresarial y, por lo tanto, de empleo y recaudación de impuestos. Prefiriendo establecerse en otros países para ahorrar dinero, las empresas prescinden de sus trabajadores en los países desarrollados y dejan de pagar impuestos a sus gobiernos.

Para los países subdesarrollados, la principal consecuencia del dumping social es la falta de seguridad laboral. Si los gobiernos utilizan la desprotección como pretexto para atraer inversión extranjera, los trabajadores del país quedarán expuestos y las empresas pueden aprovechar esta desprotección para abaratar costos. Esta situación suele ir acompañada de gobiernos corruptos o autoritarios que impiden que los trabajadores se movilicen y luchen por sus derechos.

Pero también puede ocurrir que la competencia provocada por la entrada masiva de empresas a un país subdesarrollado lleve a mayores salarios y mejores condiciones de trabajo. De hecho, esta es una consecuencia lógica del crecimiento de la demanda en el mercado laboral, si no existen factores como los mencionados anteriormente que frenen este proceso. Ahora se están comenzando a notar efectos similares en partes de China, donde los costos laborales más bajos ya no son un requisito para la inversión extranjera.

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